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Aunque mucho se ha dicho ya sobre la importancia del papel
de las PyMEs en las economías de los países, es necesario identificar cuál es su
desarrollo bajo entornos macroeconómicos diferentes. En el caso específico de la
Argentina, se ha observado cierta voluntad de cambio de los actores económicos que
contribuyen a su desarrollo. Un ejemplo de ello lo constituye el sistema financiero, el
cual ha entendido la lógica del nuevo paradigma económico de la Argentina de
post-convertibilidad, colocando en el centro de la escena de su negocio a la pequeña y
mediana empresa, aunque todavía con resultados modestos.
Los beneficiados por el modelo de la convertibilidad no fueron precisamente las PyMEs. La
prueba más evidente surge al observar cómo ha sido la distribución del crédito en
dicha etapa: las empresas grandes, el consumo, el sector público y la compra de títulos
de la deuda pública, fueron los principales objetivos de la estrategia de negocios de las
entidades financieras en esa etapa.
Más allá de las condiciones objetivas que hicieron que la convertibilidad se convirtiera
en un modelo de exclusión financiera para una gran porción del universo PyME, existieron
limitantes tanto por el lado de la demanda como de la oferta al momento de buscar
financiamiento para este segmento empresario. En primer lugar, la normativa del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) determinó un fuerte sesgo a favor de las
empresas de mayor tamaño, produciéndose lo que en la literatura económica se conoce
como racionamiento crediticio. En efecto, la regulación prudencial
-normas de Basilea- puesta en vigencia en nuestro país en la década del noventa,
acentuó el racionamiento del crédito poniendo especial énfasis en la presentación de
garantías por parte de las firmas demandantes de financiamiento. Precisamente son las
empresas de menor tamaño las que presentan mayores dificultades en este aspecto, debiendo
incluso recurrir a las posesiones personales de sus socios como garantía de un crédito.
Una de las formas de paliar este fenómeno ha sido la puesta en marcha de instrumentos
como las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), de gran éxito en
Europa, que consisten en la asociación voluntaria con sentido mutualista por parte de un
número determinado de PyMEs bajo la forma de ¨socio partícipe¨, en la búsqueda de un
mismo objetivo: el acceso al crédito en mejores condiciones en cuanto al tipo de interés
y plazo. En tal sentido, el otro integrante necesario para su funcionamiento es el
denominado ¨socio protector¨, que no es otro que la persona física o jurídica que
realiza el aporte al Fondo de Riesgo y que suele estar representado por bancos, empresas o
gobiernos provinciales.
Otra de las dificultades que presentan las PyMEs a la hora de recurrir al crédito
bancario son los problemas de asimetría de la información entre el
demandante y el oferente, lo que trae aparejado dos fenómenos que van asociados: los
problemas de selección adversa y de riesgo moral. El primero refiere a
la posibilidad de que, si se deja operar libremente al mecanismo de precios, sean los
proyectos con mayores riesgos los que finalmente accedan al financiamiento. Si para
cubrirse del riesgo provocado por la ausencia de información certera respecto de la
capacidad y voluntad de pago de los deudores potenciales, el prestamista decide
incrementar las tasas de interés, el resultado puede ser exactamente el contrario al
buscado: los tomadores de fondos con proyectos y estrategias de inversión más prudentes
-de bajo riesgo pero también de rentabilidad menor- pueden ser desplazados del mercado
por quienes presentan planes con tasas de rentabilidad extraordinarias pero con riesgos
sumamente elevados. Por otra parte, el riesgo moral se refiere a
situaciones en las que una vez obtenidos los fondos, el tomador del crédito decide
alterar el proyecto y encarar estrategias que involucran mayores riesgos que los
informados previamente al prestamista.
Bajo este escenario, las entidades bancarias han fortalecido sus áreas de análisis de
riesgo crediticio, aplicando programas de software de evaluación y contemplando una serie
estructurada de requisitos que conforman lo que en el mercado bancario se conoce como credit-scoring
-método estadístico que asigna un valor (o score) a un cliente
potencial, y representa una estimación de la evolución de la capacidad de repago-.
En consecuencia, y debido a que el universo de las PyMEs es sustancialmente heterogéneo,
surge la necesidad de proveer a las entidades bancarias de la información básica
requerida. No todas las firmas están en condiciones de brindar la información en tiempo
y forma, por lo cual muchas de ellas terminan desistiendo de acceder al crédito. Para
evitar este desenlace, existen herramientas al alcance de estas firmas -que deben ser más
difundidas- consistentes en el asesoramiento para el armado de una carpeta de crédito con
sus correspondientes flujos de fondos, balances, aportes previsionales, etc.
Tras la crisis del año 2001, y luego de un distorsivo proceso de reordenamiento de la
economía en general, y del sistema financiero en particular, el modelo productivo que
comenzó a consolidarse a comienzos de 2003 tuvo como rasgo dominante el mantenimiento de
un tipo de cambio alto. El nuevo modelo favoreció rápidamente un
retorno a la sustitución de importaciones, permitiendo no sólo la mejora en el saldo de
la balanza comercial y el incremento del empleo, sino también el fortalecimiento y
crecimiento de las PyMEs en el país y, en particular, en las economías regionales. Este
fenómeno tuvo lugar bajo un entorno de moderado apoyo del sistema financiero. En efecto,
a comienzos de 2003 el financiamiento con proveedores y a través del capital propio fue
una característica sustantiva del momento por el que atravesó la economía en su
conjunto, y en donde las pequeñas firmas, sobrevivientes del período anterior, tuvieron
que afrontar el saldo de las cuentas pendientes del año 2001.
A partir de allí, el crecimiento de la actividad económica a tasas cercanas al 9% anual
fue creando las condiciones para que las PyMEs comenzaran a tomar un rol preponderante en
el nuevo modelo económico productivista. No obstante, el financiamiento bancario durante
esta etapa, para el conjunto de firmas que pudieron acceder al mismo, estuvo claramente
sustentado en el desempeño predominante de la banca pública y cooperativa, aunque
todavía en volúmenes modestos.
En consecuencia, aún resta mucho por hacer por parte de los bancos en materia crediticia
a favor de las PyMEs. Este volumen de crédito abastece todavía a un universo PyME
pequeño y resulta insuficiente. La necesidad de lograr financiamiento dirigido no sólo
al capital de trabajo, sino también a proyectos de inversión, es un desafío de este
tiempo. El significativo esfuerzo de la SEPyME, a través del beneficio de programas de
financiamiento a tasa subsidiada y otras líneas a favor de las pequeñas y medianas
empresas , va en el camino correcto, pero sin lugar a dudas, más allá del ¨set de
políticas activas¨ que realice el Estado a favor de este sector empresarial, se deberá
contar con la decidida participación del conjunto del sistema financiero y del mercado de
capitales.
En tal sentido, sería oportuno hacer hincapié en el desarrollo que en esta etapa está
teniendo la banca pública, que ha debido adaptar sus estructuras comerciales y de
análisis de riesgo a una nueva ¨cultura del financiamiento¨, en donde se debe
privilegiar a la pequeña firma, evitando el ¨camino fácil¨ de la década anterior,
donde la búsqueda de rentabilidad estuvo basada en la colocación del excedente de
liquidez en títulos públicos y privados.
(1) Extracto del artículo de Alejandro Banzas, publicado en ¨Desarrollo
PyME¨, revista de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, Nº 2, Ciudad de Buenos Aires, octubre de 2007. |
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