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Informe Económico de Coyuntura |
Nº 286 - Junio 2008 - AÑO 26 |
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A pesar de haber finalizado la tregua declarada por los
productores en aras de una negociación con el Gobierno nacional capaz de conducir a un
acuerdo frente a los derechos de exportación móviles, las partes no han logrado hasta
mediados de mayo ese objetivo. Por el contrario, las entidades que representan a la
producción, parecen redoblar sus exigencias frente a la negativa del Gobierno a modificar
el esquema de retenciones. |
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Un nuevo paro, esta vez por ocho días, fue decidido por la
mesa de enlace constituida por las cuatro entidades que representan al sector
agropecuario, esta vez procurando evitar el desabastecimiento de las ciudades. |
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La
posición de las partes
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A pesar de febriles negociaciones que tuvieron lugar hacia
el final de la tregua de un mes decretada por el sector agropecuario, las negociaciones
están, al presente, en un punto muerto. El Gobierno entiende que las
políticas de cambio y crediticias, a las que se agregaron medidas para atender las
asimetrías existentes entre pequeños y medianos productores (un 80% del total, según
estimaciones oficiales) y los más grandes y concentrados, constituyen suficiente apoyo a
la producción agropecuaria. Se basan en los resultados obtenidos por el sector para
defender su postura.
La demanda de los ruralistas parte de un cuestionamiento al nivel y al
esquema de los derechos de exportación a los que consideran confiscatorios, centrándose
especialmente en el tramo superior cuando, al superar los precios los u$s 600 la tonelada
de soja el fisco absorbería 95% del incremento. Sostienen que uno de los efectos más
nocivos de la medida es la desaparición de los mercados a término, cuya razón de ser se
basa en la volatilidad y la incertidumbre que la movilidad de las retenciones atenúa.
A ello se agregan reclamos de larga data, como la determinación del precio del trigo,
discusión que se inició dos años atrás. Ante el escepticismo de los productores, se
volvió a acordar que éstos recibirían el precio lleno. La ampliación del cupo de
exportaciones de carne de 40.000 a 45.000 toneladas anuales y la
liberación de las vacas conserva también fue pactada pero nunca firmada,
debido a la intervención de la Secretaría de Comercio y posteriormente de la ONCCA, que
estableció una importante cantidad de requisitos adicionales a los existentes. El tema de
la recomposición de los precios de la leche no fue abordado.
A medida que los días transcurrían sin avances significativos en la negociación y ante
el creciente respaldo de sectores de la sociedad, los ruralistas redoblaron sus reclamos
para insistir no ya sobre medidas de corto plazo referidas a comercialización de los
productos de la actual campaña, sino sobre la necesidad de elaborar en forma consensuada
un plan de mediano plazo que permita una expansión de la producción capaz de abastecer
el mercado interno a precios compatibles con el poder adquisitivo de la población y de
generar saldos crecientes exportables que permitan aprovechar las excelentes condiciones
vigentes en el mercado internacional. |
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Algunas
opiniones y propuestas
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Expertos en la materia han realizado propuestas tendientes a
destrabar el conflicto y aportar soluciones de largo plazo. Una de ellas es la realizada
por el diputado y ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, que propone la creación del
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, un organismo cuya operatoria
tendría semejanzas con la de la desaparecida Junta Nacional de Granos. El organismo
compraría entre 15 y 30 productos básicos de alimentación para ponerlos a precios
predeterminados en el circuito comercial con tres objetivos: mantener la elevada calidad
alimentaria de la población, contener la presión salarial e incentivar la producción de
alimentos. El Estado realizaría las compras a productores e industriales a precios
acordados con los actores de la cadena que participarían en el directorio del organismo y
que fijarían en ese ámbito metas de producción. El papel del Estado sería el de
organizar y financiar las compras a través del redireccionamiento de subsidios y
compensaciones existentes. Al productor le llegaría un subsidio contenido en el precio y
no estaría sujeto a la situación fiscal de cada productor.
Este último elemento es de primordial importancia, ya que una de las trabas para la
efectividad de las compensaciones actualmente vigentes parece radicar en la
cantidad de requisitos que deben cumplir pequeños productores informales, requisitos que
desalientan las presentaciones porque su cumplimiento implican a menudo costos más
elevados que los beneficios que podrían derivarse del cobro de la compensación.
Una propuesta distinta es la que realiza Alieto Guadagni, quien
recomienda la eliminación gradual de los derechos de exportación, sustituyéndolos por
el impuesto a las ganancias y el impuesto a la tierra administrado por las provincias.
Estos impuestos directos son, según su análisis, eficaces para distribuir mejor el
ingreso y no desalientan la inversión y la producción. |
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Un
tema sin resolver
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Aún sigue en vigencia a la fecha la legislación según la
cual la alícuota de derechos de exportación y el precio sobre el que los mismos se
calculan son los vigentes en el momento en que se registran las declaraciones de
ventas al exterior. Si bien la Legislatura sancionó una norma que obliga a los
exportadores a pagar la alícuota vigente al día del embarque, la misma no fue
reglamentada. Esta omisión da lugar a la apropiación por parte del sector exportador de
la diferencia entre montos por retenciones entre el momento de la declaración y el del
embarque y de la diferencia de precios entre el momento de la declaración y el de la
compra efectiva a los productores. Esta última se genera debido a que la anotación en el
registro no implica la compra anticipada del producto a embarcar. De hecho, de no
reglamentarse la ley, se estarían generando ganancias extraordinarias por la venta de un
importante volumen de soja declarado con anterioridad al 7 de noviembre, fecha a la que se
habían registrado ventas por 18,7 millones de toneladas de la cosecha 2007/08, aún no
sembrada, cuando las retenciones pasaron del 27% al 35 %, a las que se agregan las que se
comercialicen con los derechos a un nivel de 44%. |
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Las condiciones objetivas parecen estar dadas para que al
finalizar el paro actual, las partes encuentren canales de comunicación más eficaces. En
esto, los gobernadores provinciales podrían tener algún rol. |
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En materia de producción y comercialización de carne,
será necesario observar el funcionamiento del régimen que establece que un 25% de la
producción de los frigoríficos podrá destinarse al mercado internacional siempre y
cuando el 75% se destine al abastecimiento del mercado interno. |
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