Sector Agropecuario

SITUACION

• A pesar de haber finalizado la tregua declarada por los productores en aras de una negociación con el Gobierno nacional capaz de conducir a un acuerdo frente a los derechos de exportación móviles, las partes no han logrado hasta mediados de mayo ese objetivo. Por el contrario, las entidades que representan a la producción, parecen redoblar sus exigencias frente a la negativa del Gobierno a modificar el esquema de retenciones.

• Un nuevo paro, esta vez por ocho días, fue decidido por la mesa de enlace constituida por las cuatro entidades que representan al sector agropecuario, esta vez procurando evitar el desabastecimiento de las ciudades.

La posición de las partes

A pesar de febriles negociaciones que tuvieron lugar hacia el final de la tregua de un mes decretada por el sector agropecuario, las negociaciones están, al presente, en un punto muerto. El Gobierno entiende que las políticas de cambio y crediticias, a las que se agregaron medidas para atender las asimetrías existentes entre pequeños y medianos productores (un 80% del total, según estimaciones oficiales) y los más grandes y concentrados, constituyen suficiente apoyo a la producción agropecuaria. Se basan en los resultados obtenidos por el sector para defender su postura.

La demanda de los ruralistas parte de un cuestionamiento al nivel y al esquema de los derechos de exportación a los que consideran confiscatorios, centrándose especialmente en el tramo superior cuando, al superar los precios los u$s 600 la tonelada de soja el fisco absorbería 95% del incremento. Sostienen que uno de los efectos más nocivos de la medida es la desaparición de los mercados a término, cuya razón de ser se basa en la volatilidad y la incertidumbre que la movilidad de las retenciones atenúa.

A ello se agregan reclamos de larga data, como la determinación del precio del trigo, discusión que se inició dos años atrás. Ante el escepticismo de los productores, se volvió a acordar que éstos recibirían el precio lleno. La ampliación del cupo de exportaciones de carne de 40.000 a 45.000 toneladas anuales y la liberación de las vacas “conserva” también fue pactada pero nunca firmada, debido a la intervención de la Secretaría de Comercio y posteriormente de la ONCCA, que estableció una importante cantidad de requisitos adicionales a los existentes. El tema de la recomposición de los precios de la leche no fue abordado.

A medida que los días transcurrían sin avances significativos en la negociación y ante el creciente respaldo de sectores de la sociedad, los ruralistas redoblaron sus reclamos para insistir no ya sobre medidas de corto plazo referidas a comercialización de los productos de la actual campaña, sino sobre la necesidad de elaborar en forma consensuada un plan de mediano plazo que permita una expansión de la producción capaz de abastecer el mercado interno a precios compatibles con el poder adquisitivo de la población y de generar saldos crecientes exportables que permitan aprovechar las excelentes condiciones vigentes en el mercado internacional.

Algunas opiniones y propuestas

Expertos en la materia han realizado propuestas tendientes a destrabar el conflicto y aportar soluciones de largo plazo. Una de ellas es la realizada por el diputado y ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, que propone la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, un organismo cuya operatoria tendría semejanzas con la de la desaparecida Junta Nacional de Granos. El organismo compraría entre 15 y 30 productos básicos de alimentación para ponerlos a precios predeterminados en el circuito comercial con tres objetivos: mantener la elevada calidad alimentaria de la población, contener la presión salarial e incentivar la producción de alimentos. El Estado realizaría las compras a productores e industriales a precios acordados con los actores de la cadena que participarían en el directorio del organismo y que fijarían en ese ámbito metas de producción. El papel del Estado sería el de organizar y financiar las compras a través del redireccionamiento de subsidios y compensaciones existentes. Al productor le llegaría un subsidio contenido en el precio y no estaría sujeto a la situación fiscal de cada productor.

Este último elemento es de primordial importancia, ya que una de las trabas para la efectividad de las compensaciones actualmente vigentes parece radicar en la cantidad de requisitos que deben cumplir pequeños productores informales, requisitos que desalientan las presentaciones porque su cumplimiento implican a menudo costos más elevados que los beneficios que podrían derivarse del cobro de la compensación.

Una propuesta distinta es la que realiza Alieto Guadagni, quien recomienda la eliminación gradual de los derechos de exportación, sustituyéndolos por el impuesto a las ganancias y el impuesto a la tierra administrado por las provincias. Estos impuestos directos son, según su análisis, eficaces para distribuir mejor el ingreso y no desalientan la inversión y la producción.

Un tema sin resolver

Aún sigue en vigencia a la fecha la legislación según la cual la alícuota de derechos de exportación y el precio sobre el que los mismos se calculan son los vigentes en el momento en que se registran las declaraciones de ventas al exterior. Si bien la Legislatura sancionó una norma que obliga a los exportadores a pagar la alícuota vigente al día del embarque, la misma no fue reglamentada. Esta omisión da lugar a la apropiación por parte del sector exportador de la diferencia entre montos por retenciones entre el momento de la declaración y el del embarque y de la diferencia de precios entre el momento de la declaración y el de la compra efectiva a los productores. Esta última se genera debido a que la anotación en el registro no implica la compra anticipada del producto a embarcar. De hecho, de no reglamentarse la ley, se estarían generando ganancias extraordinarias por la venta de un importante volumen de soja declarado con anterioridad al 7 de noviembre, fecha a la que se habían registrado ventas por 18,7 millones de toneladas de la cosecha 2007/08, aún no sembrada, cuando las retenciones pasaron del 27% al 35 %, a las que se agregan las que se comercialicen con los derechos a un nivel de 44%.

PERSPECTIVAS

• Las condiciones objetivas parecen estar dadas para que al finalizar el paro actual, las partes encuentren canales de comunicación más eficaces. En esto, los gobernadores provinciales podrían tener algún rol.

• En materia de producción y comercialización de carne, será necesario observar el funcionamiento del régimen que establece que un 25% de la producción de los frigoríficos podrá destinarse al mercado internacional siempre y cuando el 75% se destine al abastecimiento del mercado interno.