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Informe Económico de Coyuntura |
Nº 287 - Julio 2008 - AÑO 27 |
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Lejos de solucionarse, el conflicto agropecuario se agudizó,
observándose al cierre de esta edición que los alcances de la disputa han comenzado a
propagarse a otras esferas de la actividad económica, particularmente en el interior del
país. |
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Paradójicamente, no parece haberse visto afectado el
comercio exterior de granos, que en los primeros cinco meses del año lleva embarcado un
volumen superior en un millón de toneladas de soja y en 700 mil de maíz, al
correspondiente a igual período de 2007. |
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Evolución
del conflicto agropecuario
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Al cierre de este informe, el último paso dado por el
Gobierno nacional, tendiente a flexibilizar los efectos de la aplicación de las
retenciones móviles surgidas de la resistida Resolución 125, tuvo dos aspectos, uno
referido al tope de los derechos de exportación para los distintos
granos y el otro al universo de productores que podrían aspirar a cobrar compensaciones.
El primero -con el que se pretendió devolver la vigencia del mercado de futuros-
estableció 52,5% de retención para la soja a partir de una cotización de u$s 750 la
tonelada (antes 58,5); 41,6% para el trigo a partir de los u$s 600 por tonelada (antes
46,3%); 45% para el maíz, a partir de un precio de u$s 400 (antes 53,8%), y 52,7% para el
girasol, a partir de u$s 900 (antes 59,1%).
El segundo aspecto contemplado por la medida fue la inclusión de los agricultores
monotributistas entre los pequeños productores de soja y girasol que recibirán
reintegros de retenciones. Este sector, estimado en unos 3.000 productores, estaba
excluído de ese beneficio por no estar inscripto en el Registro Fiscal de Operadores de
Granos. Los reintegros que recibirán los productores de hasta 150 ha en la zona pampeana
y de hasta 350 en las extra pampeanas, retrotraen la situación a una retención de 35%,
es decir a la vigente hasta el 11 de marzo, fecha del anuncio disparador del conflicto.
Las medidas no fueron aceptadas por las entidades que agremian a los
productores, las que decidieron dar continuidad a las medidas de fuerza adoptadas que -con
alguna alternancia aprovechada por los productores para vender su producción- llevan ya
tres meses de duración. El rechazo a las medidas obedeció por una parte, a su no
aplicabilidad inmediata (los precios estaban lejos de los considerados en la
modificación) y por otra, a la falta de confianza del sector en su aplicación, habida
cuenta de las dificultades registradas para la efectivización de disposiciones anteriores
de similar carácter.
En el mes de junio y para enrarecer aún más la situación, sumaron su protesta los transportistas,
que como consecuencia de los paros agrarios vieron paralizadas sus actividades. Los cortes
de rutas se generalizaron y provocaron desabastecimiento de productos, sobre todo en
ciudades del interior.
Negociaciones fallidas y falta de ellas condujeron a la radicalización de las posiciones.
El Gobierno adoptó algunas medidas que profundizaron el malestar del
sector: la obligación de los productores de informar a la ONCCA, bajo declaración
jurada, la existencia de granos en su poder y las variaciones que registren; exportaciones
de trigo y derivados sujetas a la autorización de la ONCCA que la dispondrá en función
de sus estimaciones sobre la disponibilidad de los productos; requerimientos de
información para completar las planillas del Censo Nacional Agropecuario -actualmente
suspendido en apariencia- que incluyen datos personales e ingresos devengados durante el
período; instrumentación por parte de la AFIP de un régimen que obliga a las empresas
agropecuarias a informar las facturas que emitan por ventas al mercado interno o al
exterior, en forma mensual y retroactiva al 1º de enero de 2008.
Entre otras manifestaciones de disconformidad, las entidades del sector cuestionan la constitucionalidad
de las retenciones, siendo consideradas confiscatorias al sobrepasar el nivel de 33%. La
provincia de San Luis, por su parte, demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema por
considerar que las retenciones en su actual nivel afectan la coparticipación
federal al dejar de percibirse el impuesto a las ganancias -coparticipable- que se
obtendría de no regir los derechos de exportación. |
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Estimaciones
de producción para el sector
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Tal como pronosticó el USDA, la cosecha de soja
de la campaña 2007/08 será de alrededor de 48 millones, un millón de toneladas superior
a la anterior. De hecho, ya se llevan cosechadas 47 millones, 97% del total estimado.
El pronóstico del USDA para el trigo de la campaña 2008/09 es de 14,5
millones de toneladas, 500.000 toneladas menos que en su estimación anterior. Esta
reducción sería consistente con la caída de 500 mil hectáreas en las áreas
cultivadas, que según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se habría producido como
consecuencia de la escasez de lluvias y de las desfavorables expectativas derivadas del
conflicto.
En cuanto a las exportaciones de carne vacuna, el SENASA informó que las
ventas realizadas en el primer cuatrimestre del año alcanzaron a 135,2 miles de toneladas
por cerca de u$s 400 millones, lo que implica un alza de 7% en volumen y de 32% en valor,
respecto de igual período de 2007. |
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Al cierre de esta edición, la evolución del conflicto
sectorial no parece presentar señales de una pronta solución, a pesar de lo prolongado
del mismo. |
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Las nuevas alzas de los precios internacionales de soja y
girasol que tuvieron lugar desde principios del mes de junio, provocadas en buena medida
por las condiciones climáticas que enfrenta Estados Unidos, tendrán efectos de sentido
inverso: elevar las retenciones al 44% y compensar la posible baja de las cotizaciones
internas ante la eventual avalancha de ventas una vez reiniciada la comercialización. |
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