Informe Económico de Coyuntura

Nº 300 - Septiembre 2009 - AÑO 28

Momento de decisiones en la cosecha gruesa

El destino de las áreas destinadas a la agricultura en lo que se refiere a los granos gruesos, en especial a soja o maíz, se define en unas pocas semanas o días. Obviamente, es la perspectiva de rentabilidad relativa entre los distintos cultivos, la que define predominantemente la elección entre ellos, aunque es también necesario tener en cuenta la disponibilidad de capital operativo, dados los distintos requerimientos de insumos y la situación de iliquidez que, como producto de la sequía, padece buena parte de la producción.

Respecto del primer aspecto, el de la rentabilidad, el primer factor a tener en cuenta es el de las perspectivas de las cotizaciones internacionales. En este sentido, ambos granos, la soja y el maíz, presentan perspectivas favorables, el primero debido a las escasas existencias del producto que -según estimaciones del USDA- alcanzan a exiguos tres millones de toneladas en Estados Unidos y a las importantes compras que está realizando China y que se prevé seguirá haciendo cuando se presente la oferta argentina en el mercado. Según voceros de la Bolsa de Comercio de Rosario que asistieron a la World Soybean Conference Research VIII que se realizó en la ciudad de Pekín, la demanda china podría pasar de las 38/40 millones de toneladas de importación actuales a 45 millones de toneladas.

Sin embargo, cabe señalar que la importancia de la producción argentina es tal que ya puede ser considerada como formadora de precios, lo que significaría que una oferta excesivamente abultada -producto de una elección masiva por la soja en detrimento del maíz- podría impulsar las cotizaciones a la baja a la hora de colocar la producción nacional.

Respecto del maíz, cabe señalar una persistente mejora de las cotizaciones, avalada por la reactivada demanda para la producción de biocombustibles, a la que se suma la baja del costo de los insumos, factores que amplían los márgenes de rentabilidad. Sin embargo, la escasez de capital operativo podría afectar al cultivo e inclinar las preferencias por la soja -de muy inferiores requerimientos-, aún a pesar de los menores costos y de la disposición de las empresas proveedoras a financiar las ventas.

Pero además de la potencial rentabilidad derivada de los precios, existen dos factores adicionales que influyen de manera importante sobre la asignación del recurso tierra: por un lado, la normativa respecto de las exportaciones a través de los permisos denominados ROE verdes y por otro, los niveles de los derechos de exportación que gravan los productos, ambos adoptados para desvincular los precios internos de los internacionales, a los efectos de garantizar un nivel satisfactorio de consumo interno.

En busca de un acuerdo agropecuario

Como resultado de las negociaciones entre los representantes del sector exportador y del Poder Ejecutivo, éste último anunció las siguientes medidas a ser adoptadas en el corto plazo:

• apertura total para las exportaciones de trigo y maíz, a ser instrumentada previo acuerdo entre productores, exportadores y Gobierno, por el que se garantice el abastecimiento del mercado interno;

• reducción de 65% a 30 % del stock forzoso que los frigoríficos deben guardar en sus cámaras para poder exportar;

• reducción a un máximo de cinco días para la aprobación de los ROE, tanto para carne como para leche y granos;

• liberación para las exportaciones de los siete cortes de mayor precio, así como de carnes termoprocesadas y menudencias, y

• subsidios para el engorde de novillos, de dos pesos por kilo, para los últimos 100 kilos, para los animales que alcancen los 460 kilogramos de peso.

Sin embargo, el sector agropecuario no se sintió satisfecho con las medidas por parecerles insuficientes, ya que sus demandas abarcaban otros importantes ítem, entre los cuales los más importantes son:

• eliminación de las retenciones para trigo, maíz, sorgo, girasol, lácteos, carne y productos regionales; disminución de los derechos de exportación para la soja, de 35% a 25%;

• eliminación de las intervenciones de la Secretaría de Comercio y cota a las de la ONCCA, con la devolución del rol a la SAGPyA como interlocutor y formulador de políticas sectoriales;

• declaración de emergencia agropecuaria con exención impositiva;

• liberación de exportaciones de vacas, novillos pesados y cueros y suspensión de la prohibición de faena de animales livianos.

La firma del acuerdo depende, aparentemente, de que a los exportadores se sumen también los representantes de los productores, como firmantes.

Por otra parte, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de la Emergencia Agropecuaria, que estipula la creación de un fondo por $500 millones anuales para el auxilio en situaciones derivadas de inclemencias climáticas.