"Esto es increíble: con el tema coparticipación, el FMI nos tiene que presionar para que cumplamos con lo que dice nuestra propia Constitución." La ironía pertenece al economista Ricardo López Murphy y la deslizó en una reunión reservada con empresarios.

La reforma del régimen federal de impuestos, expresada en la Ley de Coparticipación, es la "madre de las asignaturas pendientes" en la Argentina. El nuevo sistema de repartición de impuestos debería haber estado sancionado en diciembre de 1996, es decir que ya pasaron más de ocho años del compromiso fijado en la Constitución reformada en 1994.

Ahora, con la reforma pautada en el acuerdo con el FMI se establece que el debate se debe producir, sí o sí, este año. "Es la ley más importante que la Argentina tiene por definir, porque implica precisar un proyecto de país en el largo plazo", señaló el senador nacional y ex jefe de Gabinete de la Nación, Dr. Jorge M. Capitanich, durante una mesa redonda organizada en el marco del 10° Congreso Tributario, que tuvo lugar en el Consejo en octubre de 2003.

En el Gobierno confían en poder llegar a buen puerto. Por un lado, la reactivación ayuda: es un debate imposible de ser planteado en épocas de recesión, sencillamente porque ninguna provincia va a aceptar sentarse a la mesa de negociación si sabe que sus arcas locales pueden salir perdiendo en términos absolutos. Por otra parte, habría decisión política para avanzar, y el Gobierno tiene un capital de poder importante para negociar con los gobernadores en un año sin elecciones. "La gran carta que tiene aquí la administración Kirchner es la de imponer un ‘señoriaje político’, esto es, cobrarse los apoyos políticos que dio en el 2003 para que ganaran varios gobernadores", razona un economista de la Cepal que sigue de cerca el tema del federalismo fiscal.

Acuerdo político

"Tiene que haber un acuerdo político, más que económico. Cuando se quiere incluir un espectro tan amplio de temas, es más difícil progresar en la discusión, y aquí hay muchos que exigen demasiado: correspondencia fiscal, sistemas de premios y castigos, fondo anticíclico, y eso dificulta llegar a un resultado concreto", sostenía durante el 10° Congreso Tributario celebrado en el Consejo el Dr. Juan Carlos Vicchi, profesor titular de la UBA y UDESA.

Por su parte, en la misma mesa de discusión, el Dr. Ernesto Rezk (director del Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba) hizo una propuesta de arreglos fiscales interjurisdiccionales. "Estoy preocupado en lo personal por la escasa atención y por la poca seriedad en el tratamiento que está recibiendo este tema; hasta el momento en que tengamos claro cuáles van a ser las relaciones fiscales que van a prevalecer en los próximos años, navegaremos en un mar bastante tumultuoso, en todo sentido", expresó.

Para Rezk "existe el peligro de que, por temas políticos, se termine cristalizando un statu quo que ya lleva 70 años de fracasos y que no ha producido soluciones de fondo". Según esta visión, "se habla de retoques cosméticos que van a perpetuar una federación con algunas provincias más iguales que otras".

Rezk explicó que para él muchos de los males del actual esquema tienen que ver con una "brutal centralización de la recaudación y con gobiernos provinciales que prefieren depender de las transferencias nacionales como una forma de esconder ante la población su total ineptitud en el tratamiento de la cosa pública".

Premios y castigos

¿Cómo es el mecanismo legislativo que tendrá que recorrer una reforma fiscal? El mecanismo que prevé la Constitución es el siguiente: es una ley convenio, y por lo tanto debe nacer de un acuerdo político previo entre el Presidente y los gobernadores, y luego pasará al Senado y a la Cámara de Diputados. En la carta de intención al FMI se prevé que en marzo de 2004 el acuerdo debería estar suscripto y debería regir a partir del 1° de enero de 2005.

"Las provincias chicas tienen una representación proporcionalmente mayor en el Congreso, por lo cual, una propuesta perfecta desde el punto de vista técnico pero que no contemple los intereses de los distintos jugadores está condenada al fracaso", opina Nadín Algañaraz, economista de la Fundación Mediterránea.

Entre los economistas reina un escepticismo moderado, alimentado por tantos años de idas y vueltas sin resultados. Con el superávit primario comprometido para pagar la deuda, se hace difícil modificar la coparticipación primaria (el reparto entre la Nación y todas las provincias); es más probable que se plantee un cambio en la coparticipación secundaria (que incluye los porcentajes que recibe cada provincia). "No debemos olvidarnos de que ahora tenemos una provincia más, la número 25, a la que le debemos dar el superávit primario del 3% todos los años", grafica Fernando Navajas, economista de FIEL.

Con esta restricción fiscal, son pocos los premios que puede dar la Nación a aquellas provincias que acepten entrar en un juego de modificación del reparto de los ingresos.