Los sistemas
educativos de diversos países, y en particular en Latinoamérica, sufren modificaciones
constantes, y la evaluación ocupa un lugar importante en el debate educativo, ya sea para
analizarla o para cuestionarla. Se trata de una problemática compleja que requiere un
tratamiento cuidadoso.
El presente trabajo se orienta a revisar los criterios de evaluación habituales
instalados en las prácticas de nuestro país y especialmente en el ámbito universitario.
No se pretende ofrecer certezas sino facilitar algunas herramientas conceptuales que
permitan el acercamiento a una temática que, por muy analizada que haya sido, no llega a
ser totalmente clara, comprendida ni tampoco muy efectiva.
Cuando abordamos una temática lo hacemos desde un posicionamiento epistemológico que nos
permite reconocer el objeto que procuramos describir. Es necesario explicitar el marco
desde el cual nos posicionamos para mirar la realidad.
Conceptuar al conocimiento como construcción social e histórica implica reconocer que
numerosas prácticas tuvieron sentido en el momento en que se construyeron socialmente y
que se reproducen en numerosas ocasiones con el argumento de que "siempre se hicieron
así".
Al referirnos a evaluación estamos hablando de un instrumento aplicable a diversas
realidades. En nuestro ámbito, podemos evaluar una institución educativa, un programa de
intervención pedagógica, el trabajo de un profesional docente, pero tenemos que tener en
cuenta también que los planteamientos, las técnicas que han de utilizar y las posibles
aplicaciones de cada una de estas actividades son muy distintos entre sí. Por lo tanto,
para acotar con mayor rigor la cuestión de los usos de la evaluación, resulta
imprescindible diferenciar los diversos niveles en que ésta puede ser enfocada.Tres niveles
Podemos distinguir tres niveles básicos en los cuales puede llevarse a cabo una
evaluación.
El primero tiene por objeto la valoración de la actividad de los distintos protagonistas
que participan en el proceso educativo. Es el nivel en el que se ha empleado
tradicionalmente la metodología de calificación y certificación de los resultados. La
evaluación de los alumnos constituye una parte importante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Pero los alumnos no son los únicos individuos objeto de la
actividad evaluadora. Desde hace varias décadas, los profesores de muchos países
también son objeto de algún tipo de valoración y otro tanto podría decirse de los
funcionarios académicos y de ciertos cargos de responsabilidad administrativa.
Un segundo nivel corresponde a la evaluación de las instituciones educativas que componen
un determinado sector del sistema educativo (por ejemplo: evaluación en educación
superior y universitaria), cuya evaluación exige traspasar el ámbito puramente
individual.
Un tercer nivel de análisis es el que se aplica en la evaluación del conjunto de un
sistema educativo. Frente a los dos casos anteriores, en éste desaparece el énfasis
puesto en la singularidad para adoptar una perspectiva macro-integral, aunque la
evaluación realizada en este nivel esté basada en información correspondiente a
entidades singulares. Es necesario insistir en que evaluar un sistema educativo (o un
sector del mismo) no implica necesariamente hacerlo con cada una de las unidades que lo
constituyen.
Como puede inferirse, el hecho de ubicarnos en uno u otro nivel determinará nuestra
perspectiva, nuestro enfoque metodológico, la selección de datos que realicemos y el
análisis que hagamos de ellos.
Criterios
La American Association of Higher Education es una red creada en Estados Unidos con el fin
de apoyar a las instituciones de educación superior en el área de la evaluación. En
1995, Thomas Angelo, entonces director de dicho foro, planteó la necesidad de reevaluar
la noción de evaluación en educación superior. De aquellos encuentros surgió como
resultado la siguiente definición:
La evaluación es un proceso orientado a comprender y mejorar el aprendizaje de los
estudiantes. Ello implica:
• hacer explícitas y públicas las
experiencias educativas;
• establecer estándares y
criterios apropiados;
• obtener, analizar e interpretar sistemáticamente
evidencias que permitan establecer la relación entre el desempeño, los estándares y
criterios adoptados;
• utilizar la información resultante para documentar,
explicar y mejorar el proceso educativo.
No queda muy claro para los diferentes niveles de enseñanza si lo que se está evaluando
es el contenido del programa o las competencias para adquirir esos contenidos.
En numerosas ocasiones, las evaluaciones se transforman en un interrogatorio basado en
preguntas y respuestas, que tienen por finalidad determinar si el estudiante "sabe o
no sabe". Frecuentemente nos encontramos con el hecho de que los estudiantes no saben
qué es lo que se está evaluando.
La definición por criterios supera la noción tradicional de evaluación entendida como
un proceso de medición, enfatizando así los aspectos de comprensión. Según esta
definición consideramos que debemos tener claros algunos conceptos para saber en qué
paradigma estamos ubicados. Nos encontramos con dos posturas frente al proceso evaluativo:
1) La evaluación basada en normas:
tiene que ver con los resultados.
2) La evaluación basada en
criterios: se refiere a la puesta en común de los participantes involucrados sobre
cuáles van a ser los aspectos a evaluar en el trabajo; deberán explicitar qué
indicadores se van a observar y que ponderaciones van a tener estos indicadores.
En este trabajo, nos concentraremos en analizar los procesos de evaluación de la calidad
universitaria sobre los dos primeros niveles mencionados: el de la
enseñanza–aprendizaje y el institucional (en el cual incluimos las estructuras
curriculares). En esta oportunidad, por razones de alcance del trabajo, no incursionaremos
en la evaluación del sistema educativo.
La República Argentina, en la ley 24.521 de Educación Superior, ha establecido el
sistema de control por dos vías independientes. Una es el autocontrol que deben realizar
las propias instituciones a los efectos de vigilar el cumplimiento de los objetivos y
corregir sus desvíos. La segunda vía es externa, ya sea oficial, a través de la CONEAU
(Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), o por medio de
entidades privadas reconocidas por el Ministerio de Cultura y Educación, que es quien
establece los patrones y estándares de estos procesos.
La estructuración de las carreras debe contribuir al cumplimiento de los objetivos
básicos de una formación universitaria, que "tiene por finalidad la generación y
comunicación de los conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y
solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la
integración del saber, así como una capacitación científica y profesional específica
… para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenecen". (1)
Las profesiones de las Ciencias Económicas tienen a su vez su legislación específica,
en la cual se determina la incumbencia de los títulos de Licenciado en Administración,
Licenciado en Economía, Contador Público, Actuario y sus equivalentes. (2)
Podemos entonces afirmar que toda carrera universitaria de Ciencias Económicas debe
respetar en relación con sus estudiantes:
• Una formación del hombre, atendiendo a los aspectos culturales y éticos,
en libertad de ideas y pensamiento, con un amplio sentido de justicia y de responsabilidad
social.
• Una formación del profesional que contemple las normativas vigentes (Ley
de Educación Superior – Ley de Ejercicio Profesional) y las opiniones e informes de
distintos grupos de opinión idóneos en la materia, como el CODEESE, (3) y otras entidades públicas y privadas dedicadas al estudio de la
educación aplicada a las ciencias económicas y empresariales.
• Las necesidades actuales y futuras del contexto en el cual deberá actuar
el futuro profesional.
El alto grado de responsabilidad social que tienen las instituciones educativas, sumado a
la autonomía que les reconoce la legislación en los aspectos organizativos, su gobierno,
la administración de sus recursos, el otorgamiento de títulos oficiales, las normas para
sus docentes y alumnos y otros, hace que se deba ejercer un estricto control sobre la
misma, no solo en el momento de su aprobación, sino también durante su desarrollo.
La evaluación Institucional
Encontramos aquí dos puntos centrales: el humanístico y el profesional. La
responsabilidad que el graduado universitario tiene para con la sociedad exige
conocimientos culturales y, fundamentalmente, una formación ética y de servicio que
responda a los valores y paradigmas vigentes, con un alto grado de flexibilidad para
adaptarse a los frecuentes cambios que se plantearán en el futuro en un contexto mundial
demandante de comportamientos éticos que amplían el terreno científico y técnico.
En lo profesional se deberá prestar especial atención a los requerimientos de los
destinatarios de sus conocimientos y habilidades, por lo que su carrera deberá basarse en
programas de estudios que exijan conocimientos suficientes y sólidos, a la vez que
actualizados. Son éstos desafíos cada más complejos para quienes tienen la
responsabilidad de implantar los planes de estudios de carreras que se desarrollan en un
marco de cambios permanentes, el cual traspasa las fronteras regionales y exige una
permanente actualización de conocimientos, dedicación, vocación, innovación e
imaginación.
En el cumplimiento de sus objetivos organizacionales, se halla el verdadero resultado de
una institución educativa: la inserción y el reconocimiento de sus graduados en el
contexto en el cual actúan; la satisfacción de sus alumnos; la igualdad de
oportunidades; el reconocimiento del docente unido a un proceso de capacitación
permanente; el resultado de sus investigaciones y la transferencia de las mismas a la
sociedad. Los beneficios que de ella reciba la comunidad a la cual pertenecen, son algunos
de los indicadores claves a considerar en el momento de su evaluación.
Una vez más, el Consejo actúa con su aporte en temas de interés común y de vital
importancia para el país, como es, en este caso, la educación desde el enfoque de la
calidad, valor sobre el que se basa el Instituto de Ciencias Económicas en su accionar;
y, en este caso, se exterioriza la opinión de uno de sus directivos. |
