Situación antes de la reforma de 1993

En 1993 se había llegado a un sistema previsional totalmente desfinanciado. Se había producido una ruptura de la relación entre aportes y beneficios. La pirámide de beneficios se había achatado por aumentar únicamente los beneficios mínimos.

En ese año se dictó la Ley 24.241, que hizo una reforma profunda del sistema, pasando de un sistema de reparto totalmente arbitrario a un sistema mixto con un componente importante de capitalización. Si bien no se siguió el ejemplo de Chile, que eliminó hacia el futuro las jubilaciones estatales, se llegó a un sistema que ofrecía, luego de superado el período de transición, una salida a la crisis.

La Ley 24.241, si bien fue un enorme progreso sobre el desmanejo anterior, adolecía de importantes defectos, pues no se aprobó a "libro cerrado". El proyecto original mantenía únicamente un régimen de capitalización que establecía, luego de un período de convergencia, una única edad jubilatoria –65 años– para ambos sexos y, como todo régimen de capitalización, eliminaba las jubilaciones de privilegio.

La ley aprobada sembró las semillas de su desnaturalización posterior: mantenimiento de regímenes jubilatorios provinciales, posibilidad de permanecer en reparto, menor edad jubilatoria para la mujer, una AFJP –NACIÓN- con privilegios sobre las demás, etc.

Desnaturalización progresiva del sistema

Se fue "remendando" el sistema con reformas sin fundamento técnico para satisfacer las necesidades del momento: se eliminó el ajuste automático de los beneficios por el AMPO/MOPRE, se permitió la "compra" de jubilaciones –e inclusive pensiones– vía moratoria; en la crisis del 2001 se redujeron los aportes personales a los afiliados al régimen de capitalización, desfinanciando al sistema jubilatorio y reduciendo los beneficios futuros. Esta reducción se mantiene aún hoy: se paga 7 % de aporte, en lugar de 11 %, luego de sucesivas prórrogas de la reducción.

Se creó un engendro sin justificación lógica: el monotributo, que distorsionó totalmente la estructura de aportes y contribuciones de los trabajadores autónomos, ya de por sí arbitraria.

Por otro lado, durante la crisis de 2001, se obligó a los Fondos de Jubilaciones y Pensiones –no a las Administradoras, como erróneamente suele decirse- a suscribir títulos públicos en lugar de efectuar inversiones en la economía real.

Se revirtió la tendencia hacia la eliminación de las jubilaciones de privilegio, derogadas a través de la Ley 24.241 y sus normas reglamentarias, y se "interpretó" que seguían vigentes otras anteriores. Estas jubilaciones de privilegio las paga toda la comunidad, inclusive quienes optaron expresamente por el Régimen de Capitalización.

Sobre la base de la existencia de un superávit fiscal, obtenido con impuestos distorsivos y una quita del 70% de la deuda estatal, con reformas sucesivas se creó una industria de compra de beneficios jubilatorios sin necesidad de desembolso por parte de los adquirentes, no ya beneficiarios.

Se otorgaron aumentos masivos discriminatorios contra los afiliados de mayores ingresos y se aumentó reiteradas veces el mínimo jubilatorio sin aumentar las jubilaciones mayores. Se ha llegado al absurdo de que los monotributistas y las 3 primeras categorías de autónomos cobren –en reparto– el mismo beneficio mínimo, con aportes y contribuciones diferentes.

Al otorgarse aumentos masivos en forma porcentual, sin hacer variar el valor del MOPRE, no ha habido desde hace más de 9 años aumento sobre la máxima remuneración sujeta a aporte ($ 4,800.-), igualando hacia abajo a todo el sistema jubilatorio salvo, claro, a los jubilados de privilegio. Curiosamente, el Estado no tuvo inconveniente en hacer que las contribuciones patronales se abonaran sobre el 100 % de la remuneración.

Con esto se está volviendo a la situación previa a 1993; se rompe así la relación aportes-beneficios, lo que achata la pirámide de beneficios jubilatorios, favorece el "enanismo fiscal", estimula la evasión y el fraude, y pone en riesgo el esfuerzo realizado en la reforma de 1993 para facilitar el financiamiento y llevar racionalidad y equidad al sistema.

Por otro lado, se siguieron creando cajas profesionales de afiliación obligatoria, en el caso de las provincias y municipalidades que trasfirieron sus sistemas jubilatorios a la Nación, sobre la base de una interpretación forzada de la cláusula del artículo 125 de la Constitución Nacional, que permite a las provincias "conservar" sus sistemas jubilatorios. Estas cajas no son solidarias con el resto de los afiliados y beneficiarios de los regímenes jubilatorios, e inclusive, en ciertos casos, al no ser recíprocas, son verdaderas estafas en perjuicio de quienes se ven obligados a aportar a ellas y no califican para recibir beneficios, por ejemplo, por no tener suficientes años de aportes o no tener domicilio real en la provincia en la que opera la caja.

El futuro esperable

Hay dos escenarios posibles:

1. Que se continúe como hasta ahora. Esto implica el achatamiento de la pirámide jubilatoria, una menor tasa de sustitución para sueldos altos, aumentos de las prestaciones para compensar parcialmente la inflación, otorgados por gracia del funcionario de turno, hasta llegar, más pronto antes que más tarde, a una nueva quiebra del sistema, estafando a todos los afiliados al sistema integrado, exceptuando, claro está, a los jubilados de privilegio actuales y a los que se incorporen por su capacidad de presión política, gremial o corporativa.

2. Que se decida actuar responsablemente sin caer, como hasta ahora, en el populismo y en igualar hacia abajo. Ello implica, entre otras cosas, restablecer la relación entre el beneficio y el aporte efectuado, establecer un régimen previsional único para todos los habitantes del país, elevar la edad jubilatoria de la mujer, que en la actualidad es una “discriminación positiva” difícil de explicar, a 65 años, restablecer el 11 % de porcentaje de aporte jubilatorio sobre las remuneraciones y estimular la inversión de los fondos recaudados por los Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la economía real, no en forma declarativa, sino en proyectos genuinos con fundamento técnico y con riesgo crediticio aceptable.

No realizar un cambio de rumbo hacia la responsabilidad y la coherencia, y continuar como hasta ahora, aprovechando el ocasional superávit fiscal existente, llevará a la Argentina a una nueva frustración y la alejará aún más del resto del mundo, que progresa, mientras que en el país los iluminados distorsionan la historia reciente y tratan de adaptar los hechos a sus teorías, y no a la inversa.