Qué hace falta
La educación y la política siempre han ido de la mano. Adam Smith, el padre de la economía moderna y mal llamado “padre del liberalismo”, decía que entre las obligaciones que debían quedar en manos del Estado estaba la de la educación. Ni a los más fervientes defensores del capitalismo se les ocurriría alguna vez pedir que el sector público no tuviera injerencia en la educación de las personas. Ello atentaría directamente contra la competitividad de los profesionales, de las empresas y, por último, de la economía.

Claro que “más educación” no significa necesariamente “más competitividad” para una economía. La Argentina, por ejemplo, fue un país que primero se volvió competitivo y luego “educado”. Hace un siglo, cuando el país se ubicaba entre los más ricos del mundo, la mitad de sus habitantes no sabía leer ni escribir (las mujeres ni siquiera votaban).

La educación argentina en todo caso creció bajo el paraguas de una economía que se había constituido y crecido ya un tiempo antes. El sueño de Sarmiento, alimentado por sus viajes a un Estados Unidos que crecía exponencialmente en la segunda mitad del siglo XIX, no podía ser puesto nunca en práctica en la Argentina sin suficientes recursos para financiar la educación. La Argentina se volvió rica a principios del siglo XX, pero recién alcanzó su madurez en materia de educación décadas después. Luego, el sistema se iría desfinanciando y deteriorando.

La conclusión de todo esto es que la educación, la política y la economía van de la mano. Si no se coordinan los tres ámbitos, difícilmente un país se vuelva competitivo a futuro.

Hoy parece que el paradigma ha cambiado y se ha alterado el orden de los factores: los países en desarrollo, como la Argentina, necesitan invertir intensamente en capital humano para así insertarse exitosamente en el proceso de globalización.

De un modo u otro, la dirigencia argentina ha intentado siempre, a lo largo de los años, recrear aquel sueño de Sarmiento. Por ejemplo, a partir de fines de la década del 80 y principios de los 90, el sistema educativo argentino registró importantes modificaciones destinadas a mejorar la eficiencia con que se prestaba este servicio público. El eje de las reformas fue la descentralización de la educación básica (primaria y media) y la ampliación de su cobertura.

En este sentido, la reforma del sistema educativo involucró la transferencia de los establecimientos educativos, secundarios y terciarios desde la Nación hacia las provincias. Esta modificación se hizo en dos etapas: primero se descentralizó la educación primaria en 1978 y luego, en 1992, la educación secundaria.

Más tarde, con la Ley Federal de Educación de 1993 (Nº 24.195), se volvió a rediseñar el sistema educativo argentino y se incrementó la obligatoriedad escolar de 7 a 10 años. También se redefinieron los niveles educativos.

En América Latina se vive una especie de necesidad de volver a “apostar” por la educación. Sobre todo en las dos economías más grandes del Cono Sur: la argentina y la brasileña. No por nada en ambos países el núcleo más duro de pobreza está compuesto por aquellas personas que tienen entre 18 y 25 años.

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, lanzó unas semanas atrás un plan para fomentar la educación. Se llama Plan de Desarrollo de la Educación y contempla inversiones en ese campo de casi US$ 3.815 millones durante los próximos cuatro años. El proyecto apunta a mejorar los salarios de los maestros, invertir en su formación e instalar laboratorios de informática en todas las escuelas públicas del país, entre otras medidas. Lula afirmó que Brasil está "entre los peores del mundo" en el campo de la educación. El mandatario se refirió así al pobre nivel educativo que tiene Brasil como la principal explicación de la violencia inmersa en su sociedad.

Con estilo distinto, Néstor Kirchner también tuvo su “plan de educación”, como el de Lula. No fue otro que la aprobación de la no tan debatida Ley de Financiamiento Educativo, que prevé una inversión de 6 puntos del producto para 2010.

¿Cuál es la implicancia más importante de esta reforma?

La educación en las provincias
Durante la década pasada, las provincias debieron asumir la responsabilidad de invertir en educación sin contar necesariamente con suficientes recursos propios para financiar los compromisos firmados. La reforma implicó la necesidad de realizar una importante asignación de recursos para absorber el crecimiento de la matrícula, de docentes y de establecimientos, la formación y perfeccionamiento de recursos humanos y la reformulación de diseños curriculares, acorde con las funciones mencionadas por la Ley Federal y con la determinación de los contenidos básicos comunes para el nivel inicial de todo el país.

Así, durante el último decenio, el sistema educativo en las provincias experimentó una expansión cuantitativa importante en su matrícula, cantidad de establecimientos y personal, pasando el gasto público provincial en educación y cultura de representar el 27% del total de erogaciones en 1994 al 31% en 2001.

Cuando se escucha que las provincias son las culpables de que el gasto público se haya disparado durante los 90 (argumento que esgrime el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo), la realidad es que el conjunto de las jurisdicciones asumió la responsabilidad de prestar más servicios públicos por su cuenta, como la educación, mientras que el Gobierno Nacional hizo suyos más recursos tributarios y previsionales. La discusión, por cierto, no está cerrada. Además, a los efectos financieros que trajo aparejados esta descentralización, debería agregarse el también polémico análisis sobre el impacto de esa medida en la calidad de la enseñanza.

¿Qué pasó durante el último tiempo con la inversión en educación? Habiéndose mantenido el gasto en educación, técnica y ciencia en valores cercanos a los $10.000 / $11.000 millones anuales, a partir de 2003 comenzó a expandirse en forma acelerada mostrando en los tres últimos años las mayores tasas de variación anual. Desde que se abandonó el 1 a 1 hasta 2006, el gasto en educación para las 23 provincias y la CABA pasó de $10.600 millones a casi $25.000 millones, representando un crecimiento de 134%. Entre las causas de este aumento, se encuentra principalmente la recuperación de los salarios docentes y, en particular, en 2006, el impacto de la Ley de Financiamiento Educativo.

Esta ley tiene por objeto aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología entre los años 2006 y 2010. También apunta a mejorar la eficiencia en el uso de recursos con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica. Promueve, además, objetivos cualitativos que se han de lograr con el incremento de la inversión, como incluir al 100% de la población de 5 años en el nivel inicial, garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria, avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal, erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional, mejorar la calidad del sistema educativo nacional y mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes.

Para cumplir con sus objetivos, el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología del Gobierno Nacional, de los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá incrementarse anualmente hasta llegar a representar el 6% del PBI en 2010, desde el 4,4% que representó en 2005. Este incremento, que sería asumido en un 60% por las provincias y en un 40% por la Nación, se financiará con el aumento de disponibilidad de recursos fiscales y se destinará principalmente a la mejora de las remuneraciones a docentes.

En 2005, el gasto en educación de las provincias habría llegado a $ 19.200 millones y, en 2006, a fin de cumplir con el objetivo de mantener constante la participación de la educación en los presupuestos provinciales (en términos del PBI) según los niveles de 2005, las jurisdicciones deberían haber asignado cerca de $ 4.225 millones más.

Asimismo, para cumplir con la meta de incrementar en un 60% la participación hasta alcanzar la meta de gasto consolidado del 4,7% del PBI, las provincias tendrían que haber aportado, hacia fin de año, $ 1.150 millones adicionales. Es decir, durante 2006, el total de incremento para la educación debería haber sido de $ 5.375 millones respecto a 2005. Según una estimación de la consultora Economía & Regiones, las provincias habrían sobrecumplido la meta el año pasado al ejecutar aproximadamente $ 375 millones más de lo estipulado por la Ley.

La Patagonia, la que más gasta
En promedio, durante 2006, las distintas regiones gastaron 29% de sus presupuestos en educación, lo que hace que este tipo de gasto se consolide como principal destinode las erogaciones provinciales.

La región Pampeana es la que destina mayor proporción de sus erogaciones a la educación, ya que concentra 36% de sus gastos totales. Por su parte, la región Centro dedica un porcentaje idéntico al promedio (29%), mientras que el resto destina entre 22% y 25% de sus erogaciones al gasto en educación; NOA es la región con menor porcentaje de gasto dedicado a este rubro.

En cuanto a la distribución regional del gasto en educación, la región Pampeana concentra más del 40% del total de erogaciones, totalizando $18.712 millones, seguida por la región Centro, que gastó $8.113 millones (18% del total). El resto de las regiones presentó participaciones entre el 7% y el 13%.

Pero la mejor forma de observar la eficiencia del gasto en educación es analizar la asignación del gasto educativo por alumno y por docente. Esto permite considerar con mayor precisión cuánto del gasto provincial se destina a la
educación per cápita. De acuerdo con la información del último relevamiento realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, se obtienen indicadores de gasto por alumno y por docente para 2005.

Con un total de 823.600 docentes que se desempeñan en todo el país, en promedio, las regiones destinaron unos $ 23.100 por docente en el año. La Patagonia es la que tiene mayor gasto anual por docente, ya que totaliza $  34.900 y se ubica 56% por encima del promedio. La otra región que está por encima del promedio es la Pampeana, con un total de $ 23.300 por docente. Las restantes regiones presentan gastos que oscilan entre $ 22.400 y $ 19.500.

En cuanto al gasto por alumno, las regiones destinan anualmente, en promedio, $1.807 por alumno. Otra vez, la Patagonia se ubica en lo más alto del ranking. Es la región con mayor gasto por alumno ($ 3.309) y se sitúa en un 83% por encima del promedio. Le sigue la zona Pampeana, con un total de $1.909. Las restantes regiones presentan gastos que oscilan entre $ 1.700 y $ 1.300.

La realidad es que el gasto por alumno y por docente por región (y por provincia) es dispar. ¿A qué obedece esto? En parte, a las distintas canastas de precios en las regiones (y provincias), pero también a los problemas de financiamiento y de prioridad de la educación para cada jurisdicción.

Esta situación es la que intenta suplir la ley de Financiamiento Educativo y, en particular, respecto a la equiparación salarial de los docentes de cada provincia. El Presidente Néstor Kirchner ha dejado en claro que quiere lograr ese objetivo en su administración.

El punto es particularmente preocupante, ya que debe recordarse que los salarios representan aproximadamente la mitad del gasto primario provincial, y una recomposición de los salarios docentes (como la que se implementó hace unos meses en la provincia de Buenos Aires) ejercerá presión sobre el resto de los trabajadores provinciales.

Para el ex subsecretario deCoordinación Fiscal con las  provincias, Rogelio Frigerio (n.), en 2007, en un contexto de deterioro de sus números fiscales y de una creciente incidencia de los servicios de la deuda financiera por la presión del CER, esto obligará a las provincias a desviar recursos de otros destinos a educación.

La nueva ley y el futuro próximo
La nueva ley de Educación Nacional genera varios consensos: entre ellos, la obligatoriedad de la enseñanza media y la unificación de la estructura educativa en todo el país, con seis o siete años de educación primaria, y seis o cinco de educación secundaria. Pero también ha despertado algunas críticas. Una de ellas es que ha desatendido ciertas cuestiones que tenían aceptación entre especialistas. Según mostró una consulta abierta que realizóel Ministerio de Educación antes de cerrar el proyecto, hubo una mayoría a favor de desarrollar competencias laborales en la escuela secundaria. ¿Qué significa esto? Que el 78,5% de los encuestados respondió que los establecimientos de enseñanza media deberían preparar al alumno tanto para el mundo del trabajo como para ingresar a la universidad.

Para muchos, esta omisión en el nuevo proyecto es inexplicable. Por ejemplo, el ex ministro de Educación, Juan José Llach, argumenta “que esto generará un riesgo de segmentación entre lo técnico y lo académico. La enseñanza secundaria no recorre los caminos que puedan complementar la educación con las prácticas en empresas”.

Como ya se mencionó, el presente proyecto tiende a contar en 2010 con una inversión de 6% del PBI en el sistema educativo nacional. Pero no es la primera vez que el país se propone un debate profundo en materia de educación y realiza un esfuerzo presupuestario para conseguir los objetivos propuestos.

En 1993, el Congreso votó unaley que fijaba una meta  similar que luego no se llevó a la práctica. “Nuestros gobernantes deben mirar la educación como una inversión y no como un gasto”, dice Axel Rivas, un especialista de CIPPEC.

¿Acaso entonces una nueva ley es suficiente como para que los dirigentes tengan conciencia de que hay que invertir más en educación? Hay dos explicaciones al respecto. Una es la de aquellos que argumentan que el problema es de una profunda falta de coordinación de políticas y una mala concepción de lo que significa la educación para el desarrollo productivo. Generalmente adscriben a esta visión los especialistas en educación.

El otro argumento, más utilizado en general por los economistas, dice que las emergencias económicas que atravesó el país en las últimas décadas justifican el poco interés de los políticos por la agenda educativa. Una caja fiscal comprometida con el pago de servicios de la deuda y años de inestabilidad macroeconómica hacen difícil cumplir con cualquier monto de inversión por mínimo que sea.

La Argentina es un país donde sobran leyes de todo tipo: de ayuda social, de trabajo, de promoción a sectores, de educación, etc. Lo que sucede, explican los que saben, es que es bajo el nivel de cumplimiento. Seguramente, habrán contribuido en algo el empobrecimiento del país a lo largo de estos años y la baja calidad institucional.

De todas formas existen mejorasen el margen. Esto  quiere decir que no hay que ser Suecia o Noruega para invertir más y mejor en educación.

Rivas explica que existe una baja planificación educativa en el país, que fue abandonada especialmente en la década pasada. Aún hoy, con una economía más solvente y más orientada a lo productivo, el tema está lejos de solucionarse: “Todavía no tenemos la capacidad del sistema educativo de funcionar con esa lógica”.

Para Osvaldo A. Sorrentino, presidente de la Comisión de Relaciones con Instituciones Educacionales, detenerse a analizar el estado de la educación en la Argentina es central para saber qué está pasando hoy con los profesionales en Ciencias Económicas. Lanza una interesante mirada transversal al tema y plantea tres puntos: la educación en general, el nivel de enseñanza y el avance de la tecnología. Señala que existe una falta de pensamiento crítico en la Argentina (“los chicos no piensan”). Y que el avance de la tecnología hace más notorias falencias como éstas: “Así lo planteó el Dr. Gussoni en su último editorial. Ya no se trata de ‘adaptarse a los cambios’ ocurridos como si fuese una especie de postgrado o de meta a alcanzar, sino el verdadero desafío es de naturaleza epistemológica”.

La Argentina necesita invertir más en investigación y desarrollo. En 2003, el país gastó US$ 522 millones en ellos mientras que Daimler Chrysler gastó US$ 7.691, según un artículo de la CEPAL. Así, la Argentina invierte tanto como Shell, Rolls-Royce o Monsanto, pero mucho menos que Sony, Intel o Samsung.