En qué consiste
La señalada Ley N° 70, al organizar y reglamentar sus funciones, impone que los siete miembros deben tener título universitario y contar con probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros y de gestión vinculados al sector público sin especificar una razonable integración según los grados universitarios e incumbencias de sus títulos. Es así como habilita una amplitud en las designaciones que puede resultar muy alejada de las funciones que marca la Constitución de la Ciudad e inconsistente con los intereses públicos comprometidos y las demandas de la sociedad moderna.

La reforma requiere que, al menos, dos de sus integrantes sean abogados y tres, profesionales en Ciencias Económicas, uno de los cuales debe poseer título de Contador Público. En sus fundamentos hace mérito de las funciones de la Auditoría General enumeradas en los artículos 131 y 136 al tiempo que recuerda lo reglado por la Ley Federal N° 20.488, que además impone la necesidad de contar con los títulos de Licenciado en Economía, Contador Público, Licenciado en Administración y Actuario para poder llevar adelante las tareas profesionales que enumera en los artículos 11, 13, 14, 16 y concordantes, que abarcan gran parte de las citadas funciones.

Es de recordar que la Ley N° 20.488 sustituyó al Decreto ley N° 5.103/45, convalidado por la Ley N° 12.921, y ambas han sido calificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como leyes federales por integrar el sistema educativo universitario constitucionalmente reservado, en forma exclusiva, al Gobierno Federal. Dicho ordenamiento al igual que la ley de Educación Superior tienen el rango establecido por el art. 31 CN. A esas leyes deben someterse las constituciones y leyes locales.

El sistema constitucional deriva de la Revolución Francesa, que determinó la caída del absolutismo y el reconocimiento de la soberanía del pueblo. La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) exigió que todo poder debía nacer de la voluntad del pueblo y someterse a la ley como expresión de la voluntad social preponderante, y que toda función pública debía rendir cuenta de su actuación en nombre del pueblo.

Ley de leyes
Esos principios se incorporaron a las constituciones republicanas e impusieron límites al poder tributario: necesidad de aprobaciones anuales del presupuesto de gastos y recursos con órganos especiales de control sobre la hacienda del Estado. Napoleón creó la Corte de Cuentas y, con análogas o más funciones, fueron naciendo o modificándose los Tribunales de Cuentas o Auditorías de toda Europa.

Nuestra República heredó esos sistemas y ya en 1859 la Ley N° 217 del Congreso de la Confederación, establecido en Paraná, creó la Contaduría General de la Nación como órgano unipersonal con funciones técnicas de control y tribunal de cuentas, lo que confirmó y amplió la Ley N° 428 de 1870 con un órgano colegiado integrado por tres Contadores Mayores que, bajo esa denominación o la de Tribunal de Cuentas, ha regido al Gobierno Federal hasta 1992. Comienza entonces la actuación de la Auditoría General de la Nación, creada por la Ley 24.156, integrada por Contadores Públicos y abogados exclusivamente.

Para analizar el actual sistema de la Ley N° 70 basta puntualizar que en las 23 provincias existen Tribunales de Cuentas o Auditorías Generales con las mismas exigencias de graduaciones universitarias que reclama la reforma. La Ciudad Autónoma es la única que se aparta de reglas que obviamente rigen en las instituciones de América Latina y de Europa continental, y en los órganos internacionales.

La ley de presupuesto ha sido bien llamada la “ley de leyes”. Comprende el gran plan anual de gobierno que el pueblo impone y le permite conocer, en un solo instrumento, toda la actividad económica, financiera, patrimonial y de servicios a cumplirse, limitando la actividad del Poder Ejecutivo. La cuenta de inversión, por su parte, habilita para conocer la ejecución del plan y sus resultados.

Las recomendaciones de las Naciones Unidas obligan a clasificar los gastos del presupuesto mediante programas que definan la inversión financiera, los recursos humanos y materiales a aplicarse, metas, cursos de acción y detalles que habiliten su control y resultados, y permitan juzgar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos que provee el pueblo.

Tendencia universal
El inmenso interés público contenido en estos ordenamientos superiores exige la presencia de profesionales universitarios competentes de acuerdo con las leyes que rigen la República y que recepta la reforma que solicita el Consejo.

Es una tendencia universal demandar mayor información sobre el manejo de los recursos públicos provistos por el trabajo y el sacrificio del pueblo. Las instituciones estatales, fruto de su evolución social, se subordinan a un ordenamiento jurídico-político de orden superior, al que deben atenerse las administraciones locales. La necesaria presencia de profesionales en Ciencias Económicas y de abogados en los universales sistemas de control del sector público es clara muestra de una garantía social que debe merecer el mayor respeto.

Los órganos de control público deben ser básicamente técnicos e independientes de los poderes que controlan. La función política está reservada a los poderes Legislativo y Ejecutivo, que deben actuar con sostén en los amplios aportes de las funciones superiores de control. En estos tiempos, nada justifica alterar reglas esenciales que hacen al orden social moderno y a las tradiciones históricas de la República Argentina.