El impacto en las cuentas públicas
Una de las polémicas planteadas en el Congreso fue la referente a la recaudación que perderían las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias. Sucede que es un tema sensible para las finanzas provinciales porque en 2008 las provincias volverán a registrar un rojo en sus cuentas, lo que las hará aún más dependientes de los recursos de la Nación. De ahí la preocupación de sus representantes en los escaños.

Según un cálculo de la consultora Economía & Regiones, que dirige el ex subsecretario de Relaciones con las Provincias, Rogelio Frigerio, en términos desagregados, las jurisdicciones dejarán de recaudar $698 millones (los ingresos en concepto por el Impuesto a las Ganancias se coparticipan). Las principales perjudicadas serían el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de modo tal que afrontarían el 47,5% del costo total de la medida ($707 millones).

“Tomando el costo total anual de la medida sobre la porción a coparticipar a las provincias del Impuesto a las Ganancias, resultaría que Buenos Aires recibirá $97,4 millones menos en el año, seguida por Santa Fe ($63,3 millones) y Córdoba ($62,2 millones), de manera que estas tres jurisdicciones afrontarían cerca del 35% de la pérdida de recursos provinciales.” Chaco, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan y Jujuy recibirán entre $40 y $20 millones menos en el año.

Según Frigerio, el Gobierno Nacional resignaría además por la reforma de Ganancias unos $315 millones, mientras que el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SI JP) dejaría de percibir unos $438 millones y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), unos $40 millones.

Cynthia Moskovits y Nuria Susmel, economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), distinguen dos probables efectos que tendrá la reforma sobre el ingreso de la gente y del Estado.

El primer efecto tiene que ver con lo que se denomina “recalentamiento” de la economía y la inflación. El país está creciendo a un ritmo superior al que podría tener en un largo plazo. En circunstancias en las que la demanda de bienes crece por encima de la oferta, la reforma de Ganancias hace aumentar el ingreso disponible, que, según estas especialistas, “desembocará en mayores desequilibrios y mayor inflación efectiva, aunque no necesariamente registrada”.

El segundo efecto que distinguen tiene que ver con el debilitamiento del frente fiscal. Reconocen que una pérdida de ingresos por $1.500 al año no tendrá gran impacto sobre las cuentas fiscales –debido a que significan apenas el 0,8% de la recaudación nacional esperada para el año-: “Sin embargo vale la pena comentar que parte de la buena performance fiscal se explica sobre la base de la contabilidad creativa”.

¿Qué significa la contabilidad creativa? Los expertos no dudan en poner énfasis sobre el impacto que tuvo la reforma provisional en las cuentas nacionales: cuando se indaga acerca de cómo se genera el superávit fiscal, se sabe que una parte importante de él es explicada por el cómputo de las cuentas de capitalización transferidas a la ANSES desde las AFJP como ingresos corrientes. Según gurúes como Miguel Ángel Broda o Miguel Bein, si se tienen en cuenta las medidas de política fiscal expansiva que tuvo el Gobierno en 2007, se advierte que todas ellas equivalen a un punto del producto, elevando así el superávit fiscal en 1% del producto bruto.

Como en otros países
Según la directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC, Luciana Díaz Frers, la reforma del Impuesto a las Ganancias se efectuó exactamente al revés de lo que se debería haber hecho: “Si el problema era la necesidad de actualización por inflación –comenta en un artículo titulado “Hay que reformar ganancias, pero justo al revés”-, en lugar de determinar el mínimo no imponible en un número arbitrario, se podría definir según un múltiplo de canastas básicas”.

Pero, si el problema son los grandes saltos de la tablita de topes a las deducciones que implican que una persona que gana $7.001 por mes pague mucho más que la que gana $7.000 por mes, “entonces se debería corregir esta tabla y hacer saltos más graduales”. Para Díaz Frers, esta tabla contribuye a hacer más progresivo el impuesto dentro de los tramos más altos de ingresos, permitiendo a las personas que ganan hasta $4.000 por mes hacer deducciones significativas, mientras que a los que ganan más de $18.000 por mes no se les permite hacer deducciones.

Si lo que se busca es corregir las injusticias de este impuesto, dice la especialista en finanzas públicas, basta con revisar la Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias para descubrir cuántos huecos tiene: “Uno bien conocido es que la renta financiera está exenta. Es decir, quien percibe ingresos por su trabajo paga impuestos, pero quien cobra intereses por sus depósitos a plazo fijo o ganancias por la tenencia de títulos y acciones del Estado no paga un peso”.

Para Díaz Frers, los que se benefician con esta reforma equivalen al 3% de la población con mayores ingresos. ¿Quiénes son los que se perjudican?: “El sistema previsional, la recaudación nacional, las transferencias automáticas a las provincias y la posibilidad de generar un sistema tributario más equitativo”.

Hay quienes creen que existen impuestos más regresivos, que recaen proporcionalmente más en los sectores de menores ingresos, como el impuesto al consumo (o IVA). Argumentan que otros impuestos, en cambio, son más progresivos, ya que pagan proporcionalmente más los que más tienen. Este sería el caso del Impuesto a las Ganancias.

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recaudaron en 2003 en promedio 25% de sus tributos con el Impuesto a las Ganancias de las personas. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Dinamarca recaudan más del 40% de sus ingresos con este impuesto. En la Argentina, la AFIP recauda cerca de 2,6% en concepto de ganancias de las personas físicas.

Según Moskovits y Susmel, la reforma podría haber contemplado el Impuesto a las Ganancias que recae sobre las empresas. Ello sería por dos motivos, argumentan. Primero, porque la alícuota en el país es alta en términos internacionales y la tendencia reciente es a reducirla. Segundo, por la asimetría en el tratamiento de personas y empresas, debido a la falta de ajuste por inflación para estas últimas: “Estos dos elementos se traducen en un desincentivo para la inversión”.

De esta forma, según la mayoría de los economistas, la medida es cuestionable desde algunos puntos de vista. Empeora los problemas distributivos, genera mayores presiones inflacionarias, no tiende a mejorar la eficiencia de la economía y pone algún peso sobre la sostenibilidad fiscal si, como correspondería después de esta medida, se extiende el ajuste por inflación a las empresas.

Entre los especialistas, lo que sorprendió negativamente del proyecto aprobado por el Senado fue la falta de actualización en los valores de algunas deducciones del impuesto en cuestión. Hacen hincapié en los montos que se podrían descontar por seguros de vida y por aportes a los planes de seguro de retiro privado, los cuales han permanecido invariables en los últimos 15 años. “La decisión adoptada parece más bien una respuesta electoralista a las demandas sindicales”, concluyen en su trabajo Moskovits y Susmel.

Lo cierto es que colegios profesionales y asociaciones de tributaristas de todo el país consideran que los reclamos de reformas que desde hace varios años vienen llevando a cabo fueron ignorados en esta oportunidad y, en cambio, se ha dado luz verde a un reclamo sindical. “Fue una medida orientada a desactivar protestas sindicales en los meses previos a las elecciones presidenciales”, dice off the record un conocido economista de la city porteña.

¿Existe realmente costo?
Luego de la promulgación de la ley, y tras las alentadoras cifras publicadas sobre recaudación que mes tras mes registra nuevos récords -en agosto aumentó 37,4% y en lo que va del año la recaudación impositiva alcanza $ 127.370 millones, 32,7% más que en igual período del año anterior-, tributaristas y algunos economistas aseguran que la sustentabilidad fiscal está garantizada y que considerar solamente el costo fiscal que plantea l Gobierno ($1.500 millones) no es correcto.

El Dr. César Litvin, coordinador de la Comisión Asesora de Asuntos Tributarios de la FACPCE, admite que “es difícil medir el verdadero costo fiscal de la medida”. Pero, teniendo en cuenta que en la discusión que se libró en la Cámara de Diputados, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Snopek, dijo que el costo adicional era de $200 millones, Litvin se arriesga a decir que el verdadero número “está más cerca de los $200 millones que de los $1.500 millones".

Pero, aun si el costo fuera de $1.500 millones para este año -como dice el Gobierno-, los tributaristas creen que la reforma debería haber sido más profunda. ¿Por   qué?Porque los $1.500 millones estarían completamente cubiertos simplemente con el superávit de  julio. Esto esasí dado que, en el séptimo mes del año, el saldo a favor de las cuentas del Estado, luego del pago de  intereses de la deuda, se ubicó en $1.520 millones. Por lotanto quedaría espacio para haber implementado una   eforma como la que la Federación y el CPCECABA apoyaron en su momento: la inclusión de la cuarta y la tercera categoría (profesionales y autónomos), que se encuentran afectadas por no haber sido consideradas en esta reforma.

Otro punto a favor de esta visión es que, más allá de que las cuentas del Estado estén cubiertas con el superávit de un mes, el ayor costo fiscal será complementado por el “efecto consumo”. “La reforma de Ganancias generará un incremento en el salario de bolsillo del conjunto de trabajadores alcanzados por estas modificaciones   explica Frigerio en uno de sus informes-; debido a que la mayoría de estos empleados pertenece a sectores medios de la población, es probable que un alto porcentaje del ingreso adicional disponible se vuelque al consumo privado.” Y agrega: “el costo fiscal neto de la medida sería menor al anunciado por el Gobierno Nacional, dado que la pérdida por Ganancias sería compensada por una mayor recaudación de impuestos que gravan al consumo e incluso en concepto del  Impuesto a las Ganancias generado por el mayor consumo de bienes y servicios”.

El Consejo envía notas al PEN y al Congreso
En una reunión donde previamente había hablado el presidente de la FACPCE, Dr. Miguel Felicevich, Litvin expresó con respecto a “la tablita de Machinea” que “no hay razón de ser ahora que ya no hay más impuestazo. El resultado de la tablita trajo más problemas que soluciones”.

Por su parte, el Dr. José Escandell, presidente del CPCECABA, señaló que: “compartimos totalmente el proyecto de la Federación y los Consejos, incluido el nuestro, que reclama la eliminación de la “tablita” y la equiparación de los profesionales y autónomos con los empleados en relación de dependencia”. Por lo tanto dijo: “desde nuestro lugar pediremos recuperar el equilibrio, la justicia, la equidad y la legalidad”.

El CPCECABA actuó a través de las vías legales para elevar su pedido. Primero se acercó un proyecto de ley al diputado Snopek con el objeto de reformar no solamente la ley que regula el Impuesto a las Ganancias,  sino además el Impuesto sobre los Bienes Personales. Asimismo se giraron sendas notas al residente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, y al Ministro de Economía de la Nación, Dr. Miguel Peirano, fijando la posición del Consejo con respecto al proyecto que fuera elevado por el PEN.

Como puntos salientes del texto se hizo mención a los siguientes:

• Manifestar el disconformismo acerca de la profundización de la discriminación que se produce, en relación con el trabajo personal de quien presta servicios como autónomo, respecto de aquellos que realizan idénticas labores en relación de dependencia.

• Reclamar la inmediata derogación de la “tablita de Machinea” por sus efectos agraviantes para los contribuyentes con ingresos netos superiores a $ 7.000.

• Readecuación de los mínimos no imponibles del Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya  actualización propiciamos.

Más tarde se envió nota a Capitanich y al resto de los integrantes de la Comisión que este preside.