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Informe Económico de Coyuntura |
Nº 218 - Abril 2002 - AÑO 20 |
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Crisis
económica y seguridad jurídica |
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En
las últimas semanas el Gobierno había logrado concretar ciertas iniciativas y efectuar
determinados anuncios que tendían a descomprimir, parcialmente, el grave cuadro de
situación existente. El acuerdo fiscal con los gobernadores y la sanción del presupuesto
2002 se destacaron como las acciones más relevantes.
Los anuncios, a su vez, realizados a principios de marzo, se centraron en
tres grupos de medidas: a) relacionadas con la flexibilización del
corralito, a través de la emisión de tres bonos -dos en dólares y
uno en pesos- canjeables por depósitos a plazo fijo reprogramados; b) nuevos
instrumentos financieros, como las letras del Banco Central para regulación
monetaria, las aceptaciones bancarias y la constitución de depósitos a siete días de
plazo, y c) la imposición de derechos a las exportaciones con fines
recaudatorios y de control inflacionario.
Simultáneamente, se iniciaron negociaciones con el FMI, tema con respecto al cual el
Gobierno ha demostrado sumo interés por diversas razones. En primer lugar, porque la
obtención de ayuda financiera mejoraría la posición de reservas del Banco Central. Pero
además y no de menor importancia, porque ello destrabaría el acceso a otras fuentes de
financiación -Banco Mundial, BID-, por un lado, y permitiría iniciar las tratativas para
el arreglo de la deuda externa -pública y privada- con los residentes en el exterior, por
el otro.
Además, se estima que un acuerdo con el FMI impactaría positivamente en la percepción
de los agentes económicos, tema significativo dada la elevada incertidumbre existente y cuya
manifestación más notable -aunque no la única- es la masiva demanda de divisas como
reserva de valor.
De todas maneras, las dificultades para alcanzar un acuerdo son manifiestas y tienen que
ver con las mayores condicionalidades impuestas por el FMI. Las razones
se centran en los reiterados incumplimientos de la Argentina frente a diversos compromisos
asumidos en los últimos años, en la declaración de default de la deuda
externa efectuada a fines del año pasado y en la actitud más restrictiva para otorgar
asistencia financiera que expone la nueva conducción del organismo multilateral.
Este último aspecto se expresa, por ejemplo, en exigencias que trascienden el plano
puramente fiscal y monetario, hasta extenderse a cuestiones relacionadas con la seguridad
jurídica, como la derogación de la ley de subversión económica y la reformulación de
la ley de quiebras.
Independientemente de la relación con el FMI, el tema judicial tiene también un
punto de conflicto severo con el programa económico vigente, focalizado en la
autorización de los jueces a los recursos de amparo presentados para recuperar depósitos
que quedaron reprogramados en el sistema financiero.
Estas acciones judiciales entran en colisión con la capacidad de los bancos para
restituir tales depósitos con sus propios recursos o bien, con los límites de emisión
que impuso el programa monetario para el año en curso, si el Banco Central asistiera con
redescuentos dicha necesidad de liquidez de los bancos.
Desde esta perspectiva, por último, se comprueba que los problemas planteados por la
crisis exceden el programa económico y alcanzan también a la necesidad de armonizar el plano
político-institucional. |
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Devaluación
y precios |
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El abandono de la convertibilidad y la consecuente
devaluación del peso, llevaron a una reversión de la tendencia de la
tasa de inflación, que pasó a ser crecientemente positiva en los primeros meses del
corriente año.
Luego de una primera etapa con un régimen cambiario dual -con un tipo de cambio fijo en $
1,40 por dólar para el comercio exterior-, el adelantamiento con
respecto a lo previsto oficialmente del pasaje a un mercado de cambios único y libre,
implicó en los hechos una acelerada apreciación del dólar,
significativamente mayor que la observada durante los primeros meses en casi todos los
países que devaluaron su moneda en la última década.
En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor
acumuló una suba de 5,5% y el índice de precios internos al por mayor,
18,5%. El primero está compuesto en casi 50% por servicios, los cuales no reciben un
efecto pleno de la devaluación y en el caso de las tarifas de servicios públicos, no han
variado al estar pendientes de una renegociación de los contratos. En cambio, el índice
mayorista no incluye servicios y comprende insumos y bienes finales comerciables con el
exterior.
Cabe señalar que el aumento de precios de los alimentos ha sido superior
al registrado por el nivel general del índice de precios al consumidor, lo cual afecta
especialmente a los hogares más pobres. Estos destinan -según el INDEC- 49,5% de sus
ingresos al gasto en alimentos, proporción que se reduce a 24,2% para los hogares con
mayores ingresos.
Existen varios factores que tienden a morigerar el efecto de la
devaluación sobre los precios: la debilidad de la demanda interna de bienes y servicios
en el contexto de una fuerte recesión, la iliquidez resultante de las restricciones a la
disponibilidad de depósitos bancarios y una mayor cautela de los consumidores en su
gasto.
Por el contrario, tiende a incrementar el efecto inflacionario el hecho
de que sean bienes de exportación alimentos básicos de la canasta familiar (fuertes
aumentos de aceites comestibles y harina de trigo, por ejemplo) y también insumos
industriales de uso difundido (acero, aluminio, plásticos), cuyos precios internos
tienden con frecuencia a seguir los precios de exportación en pesos, aumentados éstos
por la devaluación.
En igual sentido opera la importante memoria inflacionaria de los agentes
económicos y el grado de dolarización de la conducta de los
mismos, factores desarrollados a partir de los picos inflacionarios sufridos, que tuvieron
un hito inicial en 1975.
El accionar directo del Gobierno frente a la inflación ha comprendido hasta ahora algunos
acuerdos de precios sectoriales, la actualización de las multas previstas en la Ley de
Abastecimiento, la aprobación de derechos de exportación, la reducción de aranceles a
la importación y la obligación para los supermercados de informar semanalmente los
precios de productos de la canasta familiar.
Las autoridades han expresado, además, que están dispuestas de ser necesario a bajar a
cero los aranceles de importación de productos de mercados oligopolizados -como los de
ciertos insumos industriales de uso difundido- o bien llegar a fijar precios si las
variaciones de éstos superan el incremento de costos en mercados muy concentrados.
Resulta claro que en el actual esquema macroeconómico la evolución de la tasa de
inflación resulta crucial, ya que determina el grado de deterioro de los salarios
reales y del consumo respectivo, así como también actúa sobre la evolución
del tipo de cambio real y la competitividad a él asociada, cuya mejora
fue el objetivo principal del nuevo régimen cambiario. |
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