Informe Económico de Coyuntura

Nº 228 - Marzo 2003 - AÑO 22

La situación macroeconómica

El panorama macroeconómico que se observa en las primeras semanas del corriente año muestra una consolidación de las principales tendencias que se registraban hacia fines de 2002. Los datos más relevantes se expresan en el incremento del nivel de actividad, de la recaudación tributaria y de los depósitos bancarios, por un lado, y en el descenso del tipo de cambio, por el otro.

En lo que respecta al proceso de reactivación, cabe consignar en primer lugar, las variaciones positivas alcanzadas en los tres últimos trimestres de 2002 con relación al período inmediato anterior y en términos desestacionalizados. Por cierto, no ocurre lo mismo si la comparación se efectúa sobre los niveles del año anterior, o sea de 2001. Es más, las estimaciones indican que el PIB de 2002 habría caído 11% con relación a 2001, estableciendo la máxima contracción anual desde que se tienen registros estadísticos.

Por la misma razón, la continuidad del proceso de incremento productivo y su comparación contra los valores de 2002, empezarán a mostrar cifras muy positivas en el cotejo interanual. Un ejemplo de ello es la evolución del Estimador Mensual Industrial (EMI) correspondiente a enero último que creció 16,4% con respecto a enero de 2002 y 4,0 % frente a diciembre, todo en términos desestacionalizados.

Otro aspecto significativo es indagar cuáles son los sectores de actividad que han liderado el proceso reactivador. Al principio, hacia mediados de 2002, el mayor dinamismo se verificó en ciertos rubros muy vinculados a la exportación, favorecidos por la devaluación cambiaria.

Más tarde, hacia el último trimestre de 2002, se observaron incrementos significativos en sectores impulsados por la sustitución de importaciones y con menor dependencia de la financiación bancaria. Esto involucra, en los casos más relevantes, a los rubros textil y confecciones, neumáticos, calzado, vidrio y maquinaria agrícola, siendo este último caso viabilizado por el pago con producción agrícola exportable.

Por otra parte, las ramas productivas con más dificultades para reactivarse son aquellas que combinan las características de ser muy dependientes de la demanda interna, por un lado, y de requerir financiación bancaria, por el otro. Los casos más evidentes son los bienes durables de consumo -electrodomésticos, por ejemplo- y la construcción.

Seguramente asociado al mayor nivel de actividad, en enero último también se verificó un fuerte aumento de la recaudación impositiva, que ascendió a $ 5.600 millones y estableció un nuevo récord en términos nominales. Inclusive el superávit primario obtenido -o sea, antes del pago de intereses de la deuda- prácticamente duplicó la meta comprometida para dicho mes en el acuerdo con el FMI.

Resultará importante, además, evaluar el desempeño recaudatorio en los próximos meses, ya que las exigencias fiscales son crecientes a lo largo del año si se pretende cumplir con el objetivo de alcanzar un superávit primario en 2003 -a nivel del Estado nacional- equivalente a 2,1 % del PIB ( en 2002 el superávit primario ascendió a 0,5 % del PIB).

Por último, cabe hacer referencia al crecimiento de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario, en particular en los plazos más cortos -entre 30 y 90 días- debido a la incertidumbre generada por el proceso electoral. Además, el incremento de los depósitos a plazo fijo no reprogramados puede acelerarse, a partir de la autorización del BCRA a los bancos para devolver Cedros en la medida que cancelen redescuentos en igual magnitud.

La mayor liquidez del sistema financiero y la necesidad de restablecer el crédito bancario están impulsando la decisión oficial de flexibilizar las normas de calificación de deudores y al mismo tiempo, permitir que los bancos cancelen redescuentos utilizando los Préstamos Garantizados que poseen. Subsiste, sin embargo, el tema de los amparos y una eventual redolarización de los depósitos por parte del Poder Judicial.

El acuerdo de crédito con el FMI

El 24 de enero último el directorio del FMI aprobó un acuerdo de crédito contingente (“stand-by”) con la Argentina, el cual tendrá vigencia hasta fin de agosto próximo y reemplaza los acuerdos previos.

El apoyo financiero obtenido comprende:

Se supone el otorgamiento de préstamos por parte de los organismos financieros internacionales para cubrir vencimientos de obligaciones contraídas con los mismos durante el período enero-agosto de 2003, incluyendo la regularización de los atrasos.

El “memorando de políticas económicas”, juntamente con el “memorando de entendimiento técnico”, especifica los compromisos asumidos en el acuerdo para un programa de transición durante el primer semestre de 2003, teniendo en cuenta el recambio político de fines de mayo próximo.

Marco, objetivos y componentes
El marco macroeconómico del año 2003 supone que el PIB real crece entre 2 y 3%, mientras que los precios al consumidor subirían aproximadamente 35% entre puntas del año. Se proyecta un superávit de la cuenta corriente del balance de pagos del orden de los u$s 6.500 millones, en tanto que se propone mantener las reservas internacionales brutas aproximadamente sin variaciones durante el período del acuerdo. Cabe señalar que recientemente el Ministerio de Economía ha elevado su expectativa de crecimiento a 3,6%.

Los objetivos básicos del programa de transición consisten en garantizar la solidez fiscal, monetaria y bancaria y restablecer la confianza de los inversores nacionales y del exterior manteniendo un trato igualitario para todas las partes y protegiendo los derechos contractuales.

Los principales componentes del programa son:

Instrumentación de las políticas
En el área de las finanzas públicas, se prevé que el superávit primario (antes del pago de intereses) en base caja a nivel consolidado aumente a aproximadamente 2,5% del PIB en 2003 (2,1% en la Nación y 0,4% en las provincias). En los primeros ocho meses del año se alcanzaría un 1,8% del PIB.

En materia de recaudación, se anticipa el tratamiento legislativo de la suspensión de los planes de competitividad restantes, la conversión de las tasas del impuesto a los combustibles a valores porcentuales y la aplicación del impuesto a las ganancias a los reintegros a la exportación.

El gasto primario nacional presupuestado representa una reducción equivalente a 1,5% del PIB, con respecto a 2002.

El gasto total en la "red de contención social” se incrementaría de 0,6% del PIB en 2001 a 1,2% en 2003.

Durante la segunda revisión del programa se acordará una estrategia para el rescate por etapas de las cuasimonedas.

Se proyecta para fin de junio próximo un tope para la deuda pública del Gobierno nacional de $ 612.000 millones, resultante de un incremento máximo de 105.000 millones durante la primera mitad del corriente año. Este aumento se origina fundamentalmente en la atención de deuda pública provincial, el efecto de la inflación en las deudas indexadas, la emisión de bonos de compensación para entidades financieras y el reconocimiento de obligaciones incurridas en años anteriores.

A su vez, el programa monetario busca fortalecer el “ancla” nominal para las expectativas de precios, para lo cual el objetivo del Banco Central es que la base monetaria ajustada (incluye las cuasimonedas) vuelva a su nivel de fin de diciembre de 2002 hacia agosto de 2003, luego de un incremento temporal durante febrero y marzo. La política monetaria se instrumentará principalmente mediante licitaciones de bonos en el mercado abierto.

En materia de política cambiaria, se mantendrá la plena flexibilidad del tipo de cambio, limitando la intervención oficial al alivio de condiciones desordenadas del mercado.

Asimismo, al momento de la primera revisión del programa se evaluará una mayor flexibilización de la autorización previa para pagos de capital de préstamos externos, del requisito de liquidación de exportaciones y los restantes controles cambiarios.

Se tendrá la asistencia del FMI y del Banco Mundial para revisar en febrero la situación financiera de las empresas de servicios públicos privatizadas y para desarrollar un nuevo marco regulatorio que podría reemplazar los controles de tarifas actuales y facilitar la reestructuración de las deudas de las empresas prestadoras.

Con respecto a reformas del sistema bancario, los procedimientos para resolver la situación de bancos en problemas serán fortalecidos mediante modificaciones acordadas de la Ley de Entidades Financieras. Las modificaciones facilitarán las transferencias de activos por parte del Banco Central a fideicomisarios financieros privados; detallarán las facultades del Banco para brindar apoyo de liquidez de emergencia a los bancos en proceso de saneamiento; limitarán la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos a terceros, y -entre otros temas- protegerán a los funcionarios públicos de aspectos de la legislación actual que puedan llevar a impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario. Se espera que las modificaciones estén aprobadas al momento de la segunda revisión del programa.

En base a informes de los bancos, hacia el 15 de mayo próximo el Banco Central anunciará un nivel mínimo de capitalización para un período de transición y evaluará y clasificará a los bancos.

Sobre la base de las recomendaciones de los asesores internacionales de auditoría y de consultoría -que se seleccionarán por licitación-, se tomarán decisiones respecto de los tres bancos públicos principales, incluyendo el futuro papel estratégico de los mismos y su capitalización a través de la emisión pública de acciones. Mientras tanto, para los dos bancos públicos principales se exigirá una cofinanciación mínima de 50% con un banco nacional privado para los préstamos superiores a $ 1 millón.

Reconociendo el Gobierno la importancia del restablecimiento de la confianza de los inversores en el estado de derecho y la inviolabilidad de los contratos, no se aprobará durante el período del programa ninguna norma jurídica que permita una suspensión involuntaria de los derechos de los acreedores.

Se instrumentará un programa para respaldar arreglos extrajudiciales entre empresas con problemas financieros y sus acreedores, sin utilizar recursos fiscales para garantizar el riesgo cambiario del sector corporativo o para subsidiar el servicio de deudas societarias y se otorgará un trato igualitario a acreedores y deudores. Se presentará al Congreso un proyecto de ley que permitiría que una mayoría calificada de acreedores consienta una suspensión temporal de la ejecución con carácter vinculante para todos los acreedores; otorgaría una prioridad determinada a la provisión de nuevas fuentes de financiación a empresas en dificultades, y alentaría a las partes a suscribir acuerdos de reestructuración disponiendo la protección de los pagos realizados en virtud de dichos acuerdos en caso de posterior quiebra del deudor. Además, se elaborará un proyecto de modificaciones a la Ley de Quiebras, el cual sería presentado al Congreso por el nuevo gobierno.

Por otro lado, para sostener a mediano plazo un superávit fiscal primario a nivel consolidado significativamente mayor que en 2003,. se presentarán proyectos de legislación para una reforma integral del sistema impositivo tendiente a:

gDurante el período del acuerdo, el Gobierno mantendrá un diálogo continuo con el Fondo, respecto de las medidas adecuadas para cumplir con los objetivos y metas comprometidas. Las respectivas revisiones concluirán antes del 14 de marzo, 15 de mayo y 15 de julio de 2003.

Finalmente, importa mencionar que el comunicado del FMI anunciando el acuerdo incluyó la expectativa de que el mismo será sucedido por un “acuerdo plurianual” luego de las elecciones, con el consiguiente programa a mediano plazo de reformas económicas más generalizadas.

Según expresara el director gerente del Fondo en el comunicado, dicho programa debería incluir reformas fiscales estructurales, aumentar la apertura de la economía, restablecer la intermediación financiera, completar la reestructuración de la deuda y garantizar la seguridad jurídica.